No se puede negociar con Navarra.

El Gobierno Español no puede dejar de defender los intereses generales de los españoles porque una organización terrorista haya anunciado un Alto Fuego.

El Gobierno Español debe asumir que la defensa del marco legal establecido y el derecho amparado en la Constitución a reconocer a las regiones y nacionalidades de España el derecho a constituirse en Comunidades Autónomas no puede ser obviado en una hipotética negociación con la organización terrorista ETA.

El Gobierno no puede negociar con el derecho a formar una Comunidad Autónoma propia de los navarros. La Comunidad Foral de Navarra tiene un bagaje histórico y cultural propio que la diferencia claramente del País Vasco. Navarra bajo el reinado de Sancho III llego a unir por primera vez a todos los reinos cristianos de España bajo un mismo Rey. Y desde su formación como Reino siempre ha sido un ente propio y, aunque los nacionalistas vascos nieguen la realidad, nunca ha estado sometido a un supuesto “Estado Vasco”, que nunca existió.

Navarra desde la llegada a la democracia en 1978 nunca ha estado gobernada por nacionalistas vascos. Y éstos son una minoría política en Navarra, que hasta el momento solo intenta imponer sus deseos de anexión a la Comunidad Autónoma del País Vasco a los ciudadanos navarros.

Un hipotético proceso de paz con la organización terrorista ETA no puede versar sobre la imposición de voluntades unilaterales y o sobre renuncias a derechos que son propios de los ciudadanos de cualquier parte del territorio español.

No hay que caer en la trampa nacionalista. La Paz se consigue con el fin de ETA. Y éste puede venir o no de una negociación. Pero policialmente también es posible.

No existe ningún conflicto político vasco que ampare esta negociación. El País Vasco es una sociedad democrática en la que se puede defender cualquier idea política, salvo, evidentemente, la imposición del pensamiento único a través de fuerza que es justamente lo que hace ETA.

La normalización del País Vasco no significa buscar un nuevo marco político, sino que ETA deje de desarrollar su actividad criminal, que deje de chantajear y asesinar, que no intente imponer sus ideas políticas por la fuerza.

ETA habla del derecho a la determinación de los pueblos, cuando es la única que no respeta este derecho. ETA debe demostrar que quiere empezar un proceso de negociación. Y esto pasa necesariamente por respetar la voluntad de los ciudadanos vascos y navarros, cosa que aún no ha hecho.

Un Estado democrático no puede renunciar a defender los derechos de los ciudadanos. Y nadie puede dudar que es un derecho de los navarros vivir en el marco que ellos mismos, junto al resto de los ciudadanos, sean dotado y nos hemos dado. Y este marco no puede ser negociado por nadie. No sin antes consultar a los legítimos dueños de la soberanía, el pueblo.

Si una hipotética negociación se basase sobre la renuncia a derechos de los ciudadanos y en concesiones políticas a una organización terrorista se demostraría que ese Gobierno no estaría buscando el interés general sino simplemente sus intereses electorales.

A Navarra y los navarros se les debe asegurar que ningún representante de un gobierno legítimo de España negociará con el derecho que les reconoce la Constitución a forma una Comunidad Autónoma propia. De hacerse, no se estaría negociando sino capitulando ante la organización asesina en busca de intereses partidistas.